Grupos ecologistas denuncian el proyecto ante la UE por su riesgo ambiental
Como si se tratase de una aparición, los grupos de jubilados que
pasean por la carretera SA-322 junto a Baños de Retortillo (Salamanca)
se detienen, perplejos, ante las oficinas que Berkeley Minera España SA,
de matriz australiana, acaba de construir en medio del encinar. Son la
primera muestra visible del proyecto Retortillo-Santidad; un plan que,
cuando se materialice, albergará una de las pocas minas de uranio a
cielo abierto que hay en Europa.
La explotación está ubicada apenas a un kilómetro del balneario, en
medio de un bosque mediterráneo de gran valor ecológico y ambiental. De
hecho, existen dos directivas europeas que protegen la zona dentro de
las redes ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves) y LIC (Lugar
de Importancia Comunitaria). Pero estas no han sido obstáculo para que
la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León emitiese,
el 25 de septiembre de 2013, una Declaración de Impacto Ambiental (DIA)
favorable al proyecto. Una “decisión precipitada e incomprensible”,
según José Luis Moreno, presidente de la plataforma Stop Uranio; y que
choca, además, con la prudencia que sí ha tenido la Comisión Europea al
conocer el proyecto, que ha decidido abrir un expediente informativo en
respuesta a la denuncia interpuesta, el pasado 30 de agosto, por Stop
Uranio. Esta plataforma denuncia que Berkerley “incumple el Programa
General de Medio Ambiente de la UE de horizonte 2020”, por el que se
pretende “que el capital natural esté protegido y mejorado, además de
que se salvaguarden la salud y el bienestar de los ciudadanos”. La
Comisión aún está recabando datos y no ha decidido si llevará el
expediente adelante.
La explotación dejará en la zona residuos radiactivos
Por su parte, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) tiene entre sus
competencias exigir a la empresa que cumpla los protocolos que rigen
para este tipo de explotaciones. Y si considera que el dossier está
incompleto, se lo hace saber. Así ocurrió el pasado 5 de marzo, cuando
pidió a Berkeley que hiciese correcciones tras haber observado
“carencias significativas”. Le viene a decir que los residuos son
radiactivos y deben ser tratados como tales; no como pretende la
empresa, que los considera residuos sin más y así podría depositarlos al
aire libre o en el hueco que deje la extracción de mineral. “Lo que el
CSN pide es un tratamiento similar al que se requiere para los
cementerios nucleares”, comenta Gabriel Risco, portavoz de Equo en la
región.
También los portugueses se han interesado por la mina —la frontera
apenas queda a 50 kilómetros—. Grupos ecologistas de ambos países se han
reunido recientemente en Villavieja (pueblo al que pertenece parte del
yacimiento) para denunciar los daños que explotaciones como esta, en las
que se manipula mineral radiactivo, pueden causar a las personas y al
medio ambiente.
Mientras tanto, Berkeley sigue cumpliendo los plazos y aportando la
documentación que le exige el CSN y espera que la Administración le
autorice a iniciar los trabajos cuanto antes. “Confiamos en que sea a
principios de 2015”, dice Francisco Bellón, su director general, quien
añade por si alguien dudara de la seguridad del proyecto: “Hemos pedido
estudios radiológicos, medioambientales, sobre el impacto del ruido y
las explosiones o sobre la restauración de terrenos a empresas
especialistas internacionales”. “Entiendo que la mina pueda generar
alguna sensibilidad, pero precisamente por eso hemos desarrollado un
proyecto absolutamente riguroso”, concluye. Y es que, efectivamente, la
“sensibilidad” en la zona es grande; unos porque creen que la mina va a
ser el maná que les saque de pobres —Berkeley ha prometido crear 196
empleos—, y otros porque no acaban de entender que “pueda cometerse tal
salvajada ecológica y medioambiental, además de que se va a envenenar a
la población”, dice Jesús Cruz, autor de un blog muy activo en contra de
la mina.
La empresa espera empezar los trabajos a principios de 2015
Aunque lo que prima es el miedo. Miedo que no se expresa
habitualmente, pero que altera el rostro cuando alguien pronuncia
palabras como uranio, radiactividad, Fukushima, Chernóbil o cáncer.
Además, la población teme que la mina les impida comercializar su ganado
(cerdo ibérico y vacas morucha, sobre todo) o que los bosques de
robles, alcornoques y encinas se mueran por efectos del polvo
radiactivo. De momento, solo para que la mina se abra, más de 25.000 de
estos árboles deben ser arrancados.
La veta de uranio, de 4,3 kilómetros de longitud, casi uno de ancho y
120 metros de profundidad (según las prospecciones de Berkeley), está
partida en dos por el río Yeltes, cuyo cauce y riberas están protegidos
por las directivas europeas ya citadas. La empresa tiene previsto vallar
2.517 hectáreas, de las que 240 estarán ocupadas por la huella
minera, escombreras y una decena de balsas; enormes contenedores de
líquido que mediante el procedimiento de lixiviación estática
facilitarán la extracción del óxido de uranio (U3O8). Este sistema
requiere cantidades ingentes de agua que, mezclada con productos
químicos como el ácido sulfúrico, la sosa cáustica o el ácido
clorhídrico, posibilitará la decantación del mineral.
El yacimiento, según Berkeley, alberga cinco millones de kilos de
U3O8 que, “al precio actual en el mercado a largo plazo”, explica
Bellón, “tendrían un valor de más de 430 millones de euros”. “La mina,
entendemos, es muy rentable”, concluye Bellón. Eso a pesar de que la
vida prevista son 10 años y la inversión se calcula en 354 millones de
euros.
El ruido que trae el dinero
Uno de los yacimientos de uranio en superficie más ricos de Europa y,
por tanto, fácil de explotar está en un territorio que durante los
siglos IX al XII fue tierra de nadie y que hoy, azotado por la
emigración y el desempleo, vive todavía en el olvido. “Hasta que llegó
Berkeley... Nadie hasta entonces se había ocupado de esta comarca”, se
queja José Luis Moreno, presidente de Stop Uranio. Pueblos como
Retortillo, de 244 habitantes, según datos del INE de enero de 2012;
Villavieja, 899; Villares, 132; o Boada, 307, son fiel reflejo del
abandono secular que sufre esta comarca. Una comarca con bosques que
albergan aves como la cigüeña negra o el buitre leonado y, en sus
corrientes fluviales, especies endémicas como la sarda salmantina.
Esta tierra estaba tranquila hasta que llegó el dinero fácil
del uranio. Y los 50 millones de euros que dice haber invertido ya
Berkeley en la zona han provocado no poco ruido. ¿En qué los ha gastado?
“Parte de ellos en comprar voluntades y quién sabe si también a algunos
alcaldes”, denuncia el activista Jesús Cruz.
Villavieja y Retortillo han recibido ya 86.528 euros el primero y
“algo más de 110.000 el segundo”, según Javier Santamartina (PP), su
actual regidor. También Villares de Yeltes, aledaño a la mina, “ha
cobrado algo”, dice el alcalde, José Manuel Hernández (PP). “Les hemos
sacado 19.000 euros de compensación para el pueblo”, dice.
Jorge Hernández, alcalde de Villavieja (PSOE), pueblo al que
pertenece el yacimiento Santidad, se justifica: “Si el pueblo se
levanta, este Ayuntamiento se pone en cabeza, pero aquí nadie ha
protestado”. No es de la misma opinión el alcalde de Boada, Matías
Garzón (PSOE), que convocó un referéndum. ¿Resultado? El 98% del pueblo
votó en contra de la mina. “Es un disparate y el daño será irreparable
para todos”, augura Garzón.
