dijous, 8 de maig del 2014

La desaparición de las abejas amenaza el 70% de cultivos para consumo humano


 


Greenpeace pide que se prohíban los productos químicos nocivos para estos insectos

Casi tres cuartas partes de los cultivos para consumo humano españoles están en jaque por el declive de la población de abejas y de otros polinizadores, según un estudio presentado hoy en Barcelona por Greenpeace. Kiwis, calabazas, melones, sandías, calabacines, manzanas, melocotones o almendras son algunos de los cultivos más dependientes de la polinización de estos insectos y, por este motivo, la entidad ecologista alerta de que, en algunos casos, su producción podría caer hasta un 90% e, incluso, llegar a desaparecer.
En el estudio de Greenpeace se pone de relieve la importancia que los insectos polinizadores tienen para el sector agrícola. La entidad calcula que el beneficio económico de este "trabajo gratis" supera los 2.400 millones de euros, según datos del 2011.


Pero este "trabajo" de los insectos, y en especial de las abejas, está amenzado. El sector apícola denuncia que la mortalidad de abejas se sitúa entre el 20% y 40% en el conjunto de España y, en el caso de Galicia, el 56% de las colonias de abejas han desaparecido desde el año 2000. Un caso similar es el de las mariposas, que también llevan a cabo la polinización, ya que su población se ha visto reducida a la mitad en 20 años.
La entidad ecologista relaciona la alta tasa de mortalidad de la población de abejas con, especialmente, el uso de productos fitosanitarios y a la aparición de la avispa asiática que, según la ONG, puede amenazar al sector económico español que depende de la polinización. Greenpeace alerta de que en España el uso de pesticidas aumentó un 56% entre 1990 y 2010. Asimismo, la ONG pide que se prohíban 317 productos fitosanitarios que se usan en el campo que el propio Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente califica  como “muy peligrosos”, “peligrosos” o incluso “alta peligrosidad” para las abejas.
Además, la organización urge a los gobiernos el desarrollo de un plan integral de acción para proteger a las abejas melíferas y demás polinizadores, y establecer una hoja de ruta para que, en 2050, el 100% de los cultivos españoles sean ecológicos. Para empezar, la entidad propone ampliar a 7,6 millones las hectáreas destinadas al cultivo ecológico en España, lo que supondría un 30% del territorio agrícola.
La organización ha recordado que, a pesar de que la polinización es una actividad que pasa "muy desapercibida", su función es "fundamental", ya que de ella depende un tercio de la alimentación mundial. Greenpeace afirma que España "tendría que ser el principal defensor de estas especies", ya que es una de las más importantes economías agrícolas de Europa y en la que hay mayor número de apicultores.
El sector español más afectado por la reducción de la población de abejas es, según la entidad, el de los frutos secos, seguido por el frutícola y el hortícola. Especialmente grave es el caso de la industria de la almendra en España, que es la segunda del mundo, ya que su supervivencia depende en un 90% de la polinización.
Las comunidades españolas que mayor beneficio económico tuvieron en 2011 por la polinización fueron Andalucía, con 878 millones de euros; Cataluña (321); Murcia (249); Aragón (194) y Extremadura (183). Asturias, con una ratio de vulnerabilidad del 34%, Cataluña (25%), Murcia (24%), Aragón (17%) y Galicia (16,5%) son las comunidades autónomas más amenazadas por la pérdida de especies polinizadoras, cuya función Greenpeace considera "insustituible". Greenpeace ha advertido que es necesario tomar decisiones respecto a este problema, ya que "de ello dependen las generaciones futuras".

dimarts, 6 de maig del 2014

Una mina de uranio atravesará un área protegida en Salamanca


 


Grupos ecologistas denuncian el proyecto ante la UE por su riesgo ambiental

Como si se tratase de una aparición, los grupos de jubilados que pasean por la carretera SA-322 junto a Baños de Retortillo (Salamanca) se detienen, perplejos, ante las oficinas que Berkeley Minera España SA, de matriz australiana, acaba de construir en medio del encinar. Son la primera muestra visible del proyecto Retortillo-Santidad; un plan que, cuando se materialice, albergará una de las pocas minas de uranio a cielo abierto que hay en Europa.
La explotación está ubicada apenas a un kilómetro del balneario, en medio de un bosque mediterráneo de gran valor ecológico y ambiental. De hecho, existen dos directivas europeas que protegen la zona dentro de las redes ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves) y LIC (Lugar de Importancia Comunitaria). Pero estas no han sido obstáculo para que la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León emitiese, el 25 de septiembre de 2013, una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable al proyecto. Una “decisión precipitada e incomprensible”, según José Luis Moreno, presidente de la plataforma Stop Uranio; y que choca, además, con la prudencia que sí ha tenido la Comisión Europea al conocer el proyecto, que ha decidido abrir un expediente informativo en respuesta a la denuncia interpuesta, el pasado 30 de agosto, por Stop Uranio. Esta plataforma denuncia que Berkerley “incumple el Programa General de Medio Ambiente de la UE de horizonte 2020”, por el que se pretende “que el capital natural esté protegido y mejorado, además de que se salvaguarden la salud y el bienestar de los ciudadanos”. La Comisión aún está recabando datos y no ha decidido si llevará el expediente adelante.

La explotación dejará en la zona residuos radiactivos
Por su parte, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) tiene entre sus competencias exigir a la empresa que cumpla los protocolos que rigen para este tipo de explotaciones. Y si considera que el dossier está incompleto, se lo hace saber. Así ocurrió el pasado 5 de marzo, cuando pidió a Berkeley que hiciese correcciones tras haber observado “carencias significativas”. Le viene a decir que los residuos son radiactivos y deben ser tratados como tales; no como pretende la empresa, que los considera residuos sin más y así podría depositarlos al aire libre o en el hueco que deje la extracción de mineral. “Lo que el CSN pide es un tratamiento similar al que se requiere para los cementerios nucleares”, comenta Gabriel Risco, portavoz de Equo en la región.
También los portugueses se han interesado por la mina —la frontera apenas queda a 50 kilómetros—. Grupos ecologistas de ambos países se han reunido recientemente en Villavieja (pueblo al que pertenece parte del yacimiento) para denunciar los daños que explotaciones como esta, en las que se manipula mineral radiactivo, pueden causar a las personas y al medio ambiente.
Mientras tanto, Berkeley sigue cumpliendo los plazos y aportando la documentación que le exige el CSN y espera que la Administración le autorice a iniciar los trabajos cuanto antes. “Confiamos en que sea a principios de 2015”, dice Francisco Bellón, su director general, quien añade por si alguien dudara de la seguridad del proyecto: “Hemos pedido estudios radiológicos, medioambientales, sobre el impacto del ruido y las explosiones o sobre la restauración de terrenos a empresas especialistas internacionales”. “Entiendo que la mina pueda generar alguna sensibilidad, pero precisamente por eso hemos desarrollado un proyecto absolutamente riguroso”, concluye. Y es que, efectivamente, la “sensibilidad” en la zona es grande; unos porque creen que la mina va a ser el maná que les saque de pobres —Berkeley ha prometido crear 196 empleos—, y otros porque no acaban de entender que “pueda cometerse tal salvajada ecológica y medioambiental, además de que se va a envenenar a la población”, dice Jesús Cruz, autor de un blog muy activo en contra de la mina.

La empresa espera empezar los trabajos a principios de 2015
Aunque lo que prima es el miedo. Miedo que no se expresa habitualmente, pero que altera el rostro cuando alguien pronuncia palabras como uranio, radiactividad, Fukushima, Chernóbil o cáncer. Además, la población teme que la mina les impida comercializar su ganado (cerdo ibérico y vacas morucha, sobre todo) o que los bosques de robles, alcornoques y encinas se mueran por efectos del polvo radiactivo. De momento, solo para que la mina se abra, más de 25.000 de estos árboles deben ser arrancados.
La veta de uranio, de 4,3 kilómetros de longitud, casi uno de ancho y 120 metros de profundidad (según las prospecciones de Berkeley), está partida en dos por el río Yeltes, cuyo cauce y riberas están protegidos por las directivas europeas ya citadas. La empresa tiene previsto vallar 2.517 hectáreas, de las que 240 estarán ocupadas por la huella minera, escombreras y una decena de balsas; enormes contenedores de líquido que mediante el procedimiento de lixiviación estática facilitarán la extracción del óxido de uranio (U3O8). Este sistema requiere cantidades ingentes de agua que, mezclada con productos químicos como el ácido sulfúrico, la sosa cáustica o el ácido clorhídrico, posibilitará la decantación del mineral.
El yacimiento, según Berkeley, alberga cinco millones de kilos de U3O8 que, “al precio actual en el mercado a largo plazo”, explica Bellón, “tendrían un valor de más de 430 millones de euros”. “La mina, entendemos, es muy rentable”, concluye Bellón. Eso a pesar de que la vida prevista son 10 años y la inversión se calcula en 354 millones de euros.

 

El ruido que trae el dinero

Uno de los yacimientos de uranio en superficie más ricos de Europa y, por tanto, fácil de explotar está en un territorio que durante los siglos IX al XII fue tierra de nadie y que hoy, azotado por la emigración y el desempleo, vive todavía en el olvido. “Hasta que llegó Berkeley... Nadie hasta entonces se había ocupado de esta comarca”, se queja José Luis Moreno, presidente de Stop Uranio. Pueblos como Retortillo, de 244 habitantes, según datos del INE de enero de 2012; Villavieja, 899; Villares, 132; o Boada, 307, son fiel reflejo del abandono secular que sufre esta comarca. Una comarca con bosques que albergan aves como la cigüeña negra o el buitre leonado y, en sus corrientes fluviales, especies endémicas como la sarda salmantina.
Esta tierra estaba tranquila hasta que llegó el dinero fácil del uranio. Y los 50 millones de euros que dice haber invertido ya Berkeley en la zona han provocado no poco ruido. ¿En qué los ha gastado? “Parte de ellos en comprar voluntades y quién sabe si también a algunos alcaldes”, denuncia el activista Jesús Cruz.
Villavieja y Retortillo han recibido ya 86.528 euros el primero y “algo más de 110.000 el segundo”, según Javier Santamartina (PP), su actual regidor. También Villares de Yeltes, aledaño a la mina, “ha cobrado algo”, dice el alcalde, José Manuel Hernández (PP). “Les hemos sacado 19.000 euros de compensación para el pueblo”, dice.
Jorge Hernández, alcalde de Villavieja (PSOE), pueblo al que pertenece el yacimiento Santidad, se justifica: “Si el pueblo se levanta, este Ayuntamiento se pone en cabeza, pero aquí nadie ha protestado”. No es de la misma opinión el alcalde de Boada, Matías Garzón (PSOE), que convocó un referéndum. ¿Resultado? El 98% del pueblo votó en contra de la mina. “Es un disparate y el daño será irreparable para todos”, augura Garzón.

dijous, 24 d’abril del 2014

Video clima

Hoy nos atrevemos a provar con un video:
Espero que sea de vuestro agrado.

dijous, 10 d’abril del 2014

Colombia “lava” uno de los ríos más contaminados del mundo

El río Bogotá, donde van a parar las heces de 8 millones de habitantes, es sometido a una titánica tarea de descontaminación

El dragado y remodelación de esta vía fluvial de 380 kilómetros de largo beneficiará el medio ambiente y a quienes viven en sus riberas, expuestos a serios problemas de salud. El del río Bogotá no es un caso aislado en Latinoamérica: se calcula que unos 100 millones de personas viven en áreas urbanas que no cumplen con los requisitos mínimos de calidad ambiental, especialmente cerca de ríos donde van a parar 70% de las aguas residuales. Para este proyecto en particular es necesario “reasentar” a cientos de colombianos. Estos son los testimonios de quienes viven a orillas de este río infernal, ahora en proceso de recuperación.

dimarts, 8 d’abril del 2014

“Hay que educar a la gente para que no ponga en peligro las especies”


Las mariposas se cruzan con los mapas en la vida de Rosa Angulo (Vitoria, 1953), pero lo que de verdad ha terminado arrebatándola ha sido la posibilidad de combinar las dos vertientes en un proyecto para acercar la ciencia a los ciudadanos. Imagine que está dando un paseo y fotografía con su móvil una lagartija, una flor o un arbusto muy raro. ¿Le gustaría recibir en unos días un correo electrónico con su nombre científico? Solo por el puro gusto de saberlo. Eso es lo que haceBiodiversidad Virtual (BV), una plataforma que ya acumula más de un millón de fotografías de naturaleza hechas por particulares y que catalogan 300 expertos, entre ellos biólogos o entomólogos, que también colaboran de forma gratuita. “Es un mapa de la vida de todo un país”, resume Angulo. “Muchas Administraciones querrían nuestros datos, somos una golosina”.
Risueña y habladora, Angulo trabaja desde hace más de 30 años en elCentro Nacional de Información Geográfica, dependiente del Ministerio de Fomento. Por las tardes, aplica sus conocimientos sobre Sistemas de Información Geográfica (SIG), mapas que se cruzan con bases de datos, a la plataforma Biodiversidad Virtual. “Me captó Antonio Ordóñez, su director, en 2008, durante un testing en Biescas (Huesca)”, relata frente a un café descafeinado. Los testing son salidas al campo que consisten en realizar el número máximo de fotografías de la biodiversidad de un área. “Perdí muchas mariposas por el camino, pero me contagió su pasión”, recuerda. Organizan estas expediciones, cada vez con más seguidores, con mil motivos: para denunciar el mal estado de una zona, para buscar especies casi desaparecidas... Los participantes están sujetos a un código ético, que incluye, por ejemplo, no pinchar los insectos o no cortar flores. “En BV tampoco se da información precisa de los lugares donde se han tomado las imágenes, hay que educar a la gente para que no pongan en peligro las especies”, comenta.
Su vinculación a la naturaleza viene de su infancia en el País Vasco. “Fui montañera y ya hacía fotos con una Olympus, aunque el presupuesto no daba para tanta copia a papel”, relata. Aunque haya terminado trabajando en Madrid, vive en la sierra. Escoge la cafetería Van Gogh (antigua Galaxia), porque le viene mejor para después marchar a casa. El café, en el que llegó a reunirse Tejero para tramar un golpe de Estado fallido previo al 23-F, está ahora decorado con la obra del pintor neerlandés, mucho girasol. Al salir, rememora el día en que Tejero asaltó el Congreso. “Me vi con la maleta hecha”, confiesa.
Angulo detalla con entusiasmo las diversas facetas de su colaboración con Biodiversidad Virtual. Se encarga de facilitar, por ejemplo, que estudiantes de biológicas, colegios o casas rurales tengan un lugar reservado en el que subir y consultar sus imágenes. Llegado el momento, se frena para no apabullar. “Me pasa igual con mis dos hijos, a los que intento no hablar tanto de mariposas”, reconoce.

Esta curiosidad y pasión por la naturaleza se repite en los usuarios y miembros de la plataforma ciudadana. “Tenemos dos jubilados en Almería y Segovia que han podido subir entre los dos 160.000 imágenes, otra mujer de Barcelona, con 90 años, ha clasificado una infinidad de plantas”. Todo gratis, y para el disfrute colectivo.

dijous, 3 d’abril del 2014

La rebelión por el agua

 

Veinte años después de ganar la batalla por la democracia, los antiguos guetos heredados del 'apartheid' en la Sudáfrica actual luchan para que gran parte de su población deje de vivir en la más absoluta precariedad.
                                                                            Los 27 grados centígrados del mediodía se multiplican en el interior de la pequeña casa de lata, impregnada de una mezcla de olor a desinfectante y a carburante con el que la familia cocina. La vivienda no tiene agua corriente ni electricidad, así que abundan cubos y velas.
Estamos en Sebokeng, pero la estampa es común en los antiguos guetos heredados del apartheid en la Sudáfrica actual, que 20 años después de ganar la batalla por la democracia sigue en medio de la lucha para que una parte considerable de su población deje de vivir en la más absoluta de las precariedades. Sólo en la provincia sureña de Western Cape ­(con Ciudad del Cabo de capital), cada año muere un centenar de personas que vive en chozas y barracas a causa de incendios provocados por la mala combustión o de una vela mal apagada.
Las últimas víctimas de esta tragedia son cinco miembros de una familia de Ciudad del Cabo que perecieron carbonizadas en febrero ante la impotencia de los vecinos que fueron incapaces de socorrerle.
“Nuestros padres lucharon por las libertades, ahora nosotros por tener servicios decentes pero es la misma lucha”, resume Themba Zuane Dlamani, de 40 años y vecino de Kliptown, otro de esos barrios integrado en el gigante Soweto, a una veintena de kilómetros de la capital económica del país.

El 13% de un censo de 52 millones de personas sigue malviviendo en guetos
En las dos décadas de democracia, según datos ofrecidos por el presidente, Jacob Zuma, en su discurso del Estado de la Nación, 500 guetos de barracas han desaparecido para convertirse en barrios con casas modestas pero con los servicios básicos de agua y luz. No obstante, el propio Ejecutivo reconoce que la emigración interna empuja a centenares de miles de sudafricanos a dejar sus aldeas rurales para trasladarse a ciudades, incapaces de absorber tanta demanda. Este movimiento provoca que hoy haya el mismo número de barraquistas que hace dos décadas. Así, alrededor del 13% de un censo de 52 millones de personas sigue malviviendo en barrios como el de Sekoneng.
Elias Sithole, 48 años, mata como puede las horas en esa casa de Sebokeng, un gueto que en soto significa “lugar de encuentro” y en el que viven unas 200.000 personas repartidas por barrios desconectados entre sí. Hay partes con casas renovadas y dotadas de servicios, aunque en todo este territorio no hay calles asfaltadas y las farolas del alumbrado público van más que escasas.
“¿Ir a tomarme una cerveza? Me encantan los shebeens (bares) pero no tengo dinero para tomarme nada”, admite este hombre que no trabaja desde hace un par de años y subsiste con los seis euros diarios que su mujer gana los tres días que va a limpiar casas a la ciudad. Poca cosa.
Sithole ha participado activamente en las protestas organizadas en su paupérrimo barrio para reclamar mejoras en los servicios. Como su vecina Annah Seholaro, que lleva una década y media sin un empleo. Entre septiembre de 2013 y enero de 2014, se estima que un millón de residentes en guetos en Sudáfrica ha participado en más de 3.000 manifestaciones, algunas de las cuales han terminado con cargas policiales que han dejado al menos una decena de muertos. De norte a sur y de este a oeste, los townships (la denominación local que se le da a los guetos) se van contagiando de ese malestar y hartazgo y como si se tratara de chispas se encadenan las manifestaciones callejeras.
Además, la ira de los manifestantes se ha traducido en el ataque o quema de, paradójicamente, los escasos servicios públicos de que disponen y reclaman, como una clínica, biblioteca o la comisaría de un poblado.
En Kliptown, donde en enero también salieron a la calle, hay cierto disgusto por esos ataques y el joven Shipo Dladla, advierte que aunque los de su generación están “ya” hartos de falsas promesas, deben “aprender a luchar y a reivindicar sus derechos sin cargarse con lo que se ha conseguido hasta ahora”.
La prensa local las ha bautizado como las protestas de la prestación de servicios y los articulistas y tertulianos tratan de entender si se trata sólo de una petición de mejoras en el suministro del agua, la electricidad o las viviendas o, en realidad, es un exponente del malestar de la calidad democrática del país o quizás de la tremenda desigualdad social que cada año que pasa se agranda, según advierten los datos.
Sithole y Seholaro tienen claro por qué se echan a las calles. “Estamos hartos de esperar a que el Gobierno cumpla las promesas de que mejorará nuestras condiciones”, explica el hombre, que confiesa que su largo periodo sin trabajo está resintiendo su relación de pareja.

Más de un millón de personas han participado en 3.000 protestas entre 2013 y 2014
Como un contrasentido, a escasos metros de su barraca se alza una enorme torre eléctrica que transporta luz artificial sin hacer parada, condenando así a esta zona a la llama de la vela. “Sería fácil tener electricidad con esta torre aquí, se lo hemos dicho al Ayuntamiento, pero ni caso”, dice mientras mira el monstruo de hierro que cicatriza un barrio donde el marrón de la tierra de las calles se mezcla con el verde de plantas silvestres y árboles frutales que plantan los vecinos para autoconsumo. De vez en cuando, también aparece algún huerto con cuatro calabazas o cebollas mal contadas que intentan crecer entre tanta sequedad.
Seholaro llegó al barrio hace una década atraída por “la promesa del Gobierno” de que en Sebokeng en breve repartirían casas nuevas. Ahora, con 49 años vive con un hijo de 32 en una barraca de latón sin servicio alguno. Ninguno de los dos trabaja y no reciben más ayuda que los pocos rands (moneda sudafricana) que la familia extensa les puede ir pasando. También poca cosa.
A Seholaro el mediodía le coge haciendo la colada en la sombra de una especie de porche multicolor por la variedad cromática de las chapas que forman su barraca. Para cocinar, beber, lavar o asearse tiene que ir primero a buscar el agua a un grifo comunitario a un centenar de metros de distancia. Está acostumbrada porque jamás ha tenido el grifo en su casa.
Seholaro pone rostro a las estadísticas oficiales que estiman que en Sudáfrica casi dos de cada 10 habitantes deben ir a buscar el agua en fuentes comunales o pozos, mientras que otro 9% sencillamente no tiene acceso.
En casa de Sithole cada día gastan unos 20 litros de agua. En total, cada día carrean con unos cuatro grandes cubos de plástico. La cifra se multiplica en las barracas que ocupa la gran familia de Maria Mokoena.
Los Mokoena pasaron todos los trámites para solicitar una nueva casa en 2006. Y desde entonces esperan. “Por respuesta nos dan más promesas, así que la violencia y la lucha es la única solución porque hemos pedido las mejoras miles de veces y nada”, lamenta.
Maria tiene 33 años y cuatro hijos de 12, 10 y cinco años que van a la escuela gratuita del poblado, y el pequeño Chris, de cuatro meses, que se quedará en casa hasta los tres años para ahorrarse la matrícula.
Los cuatro son fruto de la relación con su compañero, con el que no piensa casarse, explica riendo. La familia subsiste con el escaso sueldo del hombre construyendo carreteras y las ayudas sociales de 20 euros por criatura y mes.
Si descuenta el transporte público para ir al trabajo, la ropa, la comida y el carburante para hacer funcionar la cocina, los ingresos se quedan en casi nada. La joven madre se despierta con el tiempo justo de preparar a los tres hijos mayores para que acudan limpios a la escuela. “No les doy de desayunar porque lo hacen en la escuela gratis. A la noche cenamos todos juntos”, afirma.
La cocina, como la mayoría del poblado, funciona con parafina. Un litro, 12 rands, al cambio 80 céntimos de euro, que dan para poco más que preparar la cena y calentar un poco de agua para el aseo de los menores. Cada día se gasta en esa casa 1,5 litros. En Sudáfrica, el 18% de la población carece de instalación eléctrica, así que hay que optar por alternativas como la parafina (casi el 8% de cocinas) o leña (13%), según recoge la estadística oficial de 2011.
Sorprende que en la barraca haya una televisión de plasma. Maria explica que se dan un pequeño lujo, de encender un generador eléctrico para ver alguna de las series sudafricanas más populares, cuenta sentada en la cama. No más de una hora al día porque el carburante con el que alimentar la máquina está a casi un euro por litro, lo que se necesita para producir una hora de electricidad.
A través de su ventana se ve a Martha Mokoena, la abuela de Maria, que sentada en una silla aprovecha una pequeña sombra que la alivia del calor seco del verano austral. Tiene 74 años y sólo habla soto y afrikáans, así que su nieta traduce sus palabras. También carece de luz y de agua y como vive con su hijo y tres nietos le ahorran el trastear los cubos y la leña para encender el fuego de la cocina. A pesar de todo, la mujer asegura que hoy vive "mucho mejor en Sudáfrica que con el apartheid”.

Hoy la brecha que separa a la riqueza de la miseria es más ancha que durante el régimen supremacista blanco
Las estadísticas le dan en parte la razón, aunque en la Sudáfrica de hoy la brecha que separa a la riqueza de la miseria es más ancha que durante el régimen supremacista blanco. Más de la mitad de los sudafricanos es pobre, mientras que a pocos kilómetros de distancia de esos paupérrimos barrios una clase media-alta, que se estima en el 15%, reside en casas con jardín y piscina y conduce vehículos de gran cilindrada.
Zuma ofreció en su discurso datos que, a su juicio, dejan entrever que aunque a poco a poco, la política del Gobierno avanza en la buena dirección y puso de ejemplo que cada vez son más los sudafricanos beneficiarios de las ayudas sociales. El problema es que hoy el número de subsidios supera en un millón al número de trabajadores en activo. En cifras, 16 millones por 15 millones, y con una economía frenada por la recesión global que ha pasado de crecer en las dos últimas décadas a una media del 3,5% a cerrar el 2013 con apenas el 1,8% y una inflación que ha disparado la cesta de la compra por encima del 5%.
Un estudio reciente de la Universidad de Johannesburgo advierte de que los residentes en los guetos empiezan sus reivindicaciones de forma pacífica, intentando dialogar con los consejeros municipales pero a la vista de que nadie les hace caso, estallan en una protesta violenta. “Es una rebelión de los pobres”, se atreve a calificar Peter Alexander, profesor de Psicología y coautor del informe. El experto apunta que los altercados en esas manifestaciones también responden al contexto internacional de las primaveras árabes o movimientos extrapolíticos que se atreven a quejarse ocupando la calle. En cualquier caso, Alexander y sus colegas aseguran que “no hay solución a corto plazo” y que es demasiado pronto determinar si estas manifestaciones de los guetos se generalizarán como, por ejemplo, pasó en Turquía o Egipto. Como resumía un analista político recientemente, la “se terminó la luna de miel” de la Sudáfrica que soñó Nelson Mandela.

dimarts, 1 d’abril del 2014

Japón no descarta seguir con la caza de ballenas en el Antártico en un futuro

 El gobierno nipón acata la sentencia de la Corte Internacional de Justicia, pero deja la puerta abierta a futuros programas



El ministro de Pesca de Japón, Yoshimasa Hayashi, ha anunciado este martes la suspensión de los programas de investigación actuales sobre ballenas en el océano Antártico un día después de que la Corte Internacional de Justicia dictaminara que la pesca de ballenas por parte de Tokio no tiene fines científicos y prohibiera la concesión de nuevos permisos. El Gobierno ha dejado la puerta abierta a futuros programas.

"Las ballenas son una importante fuente de alimentación, como cualquier otra especie marina. Japón mantiene su posición para continuar usándolas de una manera sostenible y con fines científicos", ha asegurado este martes el ministro nipón de pesca Yoshimasa Hayashi. El ministro ha apuntado además que el Gobierno estudiará "de manera cuidadosa el fallo y pronto decidirá cómo responder a la prohibición del CIJ".

Japón ha mantenido hasta ahora dos programas de captura de ballenas con fines científicos en el océano Antártico y el Pacífico Norte, así como de la pesca comercial de especies más pequeñas de cetáceos, incluidos defines, en sus costas. Desde 1987, ha capturado un media de 400 ballenas cada año en el océano Antártico, según los datos de la Agencia nipona de Pesca. En 2005 estableció un objetivo anual de 935 piezas y los balleneros capturaron un total de 853 ese año y 679 en 2008. Sus capturas anuales, sin embargo, se desplomaron hasta 103 en 2012 debido, según el Gobierno nipón, a las actividades de los grupos ecologistas contrarios a la caza de esta especie. 
Tokio siempre ha asegurado que su programa de caza de ballenas en la Antártida perseguía, entre otros fines, un control permanente del ecosistema y de la población de esos cetáceos, lo que le permitió llevar a cabo esta práctica con el permiso de la comisión ballenera. Sus argumentos, no obstante, siempre causaron el escepticismo de muchas asociaciones y países, como Australia, que demandó a Japón ante la Corte Internacional de Justicia en mayo de 2010, sosteniendo que las capturas niponas perseguían fines comerciales.

El fallo de ayer aseguraba que Japón no había sido capaz de justificar los fines científicos de su programa de caza y acusó al país asiático de violar la Convención Internacional para la Reglamentación de la Caza de Ballena, firmada en 1946 para promover la conservación de estos mamíferos. Después de conocerse la sentencia, la delegación nipona en La Haya dijo que aunque Japón está "decepcionado y lamenta" el fallo, "lo acepta porque tiene la obligación de cumplirlo, ya que es vinculante". No especificó los pasos concretos en los que se traducirá el fallo, porque, según afirmó el ministro, tienen que "estudiar el largo fallo antes de determinar acciones concretas".